En abril de 2018 un colectivo conformado principalmente por madres en busca de sus hijos desaparecidos localizó fosas clandestinas en la que se encontraban alrededor de 500 cuerpos, numero sin duda alarmante. Las encontraron gracias al dueño de una funeraria que dijo que le habían arrojado más o menos un cuerpo diariamente entre los años 2014 y 2016 afuera de su negocio, él le había notificado al ministerio público de dichos cuerpos y fue ignorado, por lo que tomó la decisión de enterrarlos en dichas fosas.
El presidente de la asociación Justicia Tamaulipas dio a conocer en 2017 que en los ultimos siete años se han presentado más de diez mil denuncias de personas desaparecidas y se estima que la gran mayoría no tiene vínculos con el crimen organizado. Ha habido casos de desaparición en los que hay testigos de que elementos de seguridad pública o de marina estuvieron involucrados y nunca fueron procesados.
Cuando las autoridades se percataron del caso el fiscal general del estado Irving Barrios llevo a cabo las exhumaciones de 265 cuerpos (de los 500 declarados por el propietario de la funeraria) hasta el tercer mes cuando decidió suspenderlas cerrando las fosas y dejando el resto de los cuerpos enterrados. Se pudieron identificar 20 cuerpos y hasta enero de 2019, explicó la fiscal especializada en desapariciones Elizabeth Almanza Ávalos, se analizaron 47 cajas, que representan el 57.31 por ciento del total. De los cadáveres se han hecho 763 muestras genéticas y de restos no asociados se obtuvieron 279. No hay información publica en la que el gobierno del estado de razón por la cual se suspendieron las exhumaciones.
¿A qué grado las autoridades muestran deficiencia en los servicios forenses y la impartición de justicia? O en el peor de los casos ¿existe alguna relación entre el crimen organizado y las trabas que el gobierno les puso a las madres para encontrar a sus hijos?
Parece factible que el gobierno del estado se haya visto rebasado, su presupuesto destinado a la seguridad pública es de 2,468,079,823.88 pesos lo que parece insuficiente ya que Tamaulipas tiene focos rojos en cuanto a homicidio, secuestro, ejecuciones, extorsión y robo de auto respecto al semáforo delictivo nacional, En comparación a Jalisco que igualmente tiene los cinco focos rojos, pero con un presupuesto de 3,370,396,637.
A pesar de la posibilidad de que los servicios forenses se vean rebasados resulta más probable el vínculo entre el crimen organizado y los órganos responsables de la impartición de justicia. En una entrevista a María Isela declaró que vecinos fueron testigos de que organizaciones criminales, militares, policías y elementos de la Marina abandonaban cuerpos afuera de una funeraria para que se hicieran cargo.
Ya el 10 de marzo la presidenta del colectivo dio aviso de que gracias a la presión hacia el gobierno del estado se reanudaran las exhumaciones contando con el apoyo de la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna y personal de la Comisión de Derechos Humanos. Esperemos que se dé respuesta a estas cuestiones con un proceso eficiente de investigación después de las tareas forenses para que asi sea posible impartir justicia a los responsables.
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